¿Qué es la protección al consumidor?
La protección al consumidor, también conocido en Colombia como el Estatuto del Consumidor, es una ley sancionada en el año 2011 donde los consumidores tienen reconocimiento jurídico y poseen una serie de derechos para reclamar sobre bienes o servicios fallidos.
Es una herramienta fundamental que tienen las personas para poder defenderse frente a hechos provocados luego de comprar o contratar algún servicio o producto.
¿Qué dice la ley de protección al consumidor en Colombia?
La ley de Protección al consumidor de Colombia protege a sus ciudadanos de problemas frente a la compra de servicios o bienes. La ley se enfoca en diferentes apartados: telecomunicaciones, fallos en un producto de mala calidad, problemas en la prestación de un servicio, incumplimiento de garantías, información engañosa, incumplimientos de incentivos ofrecidos, inconvenientes con el precio de un producto o el pago de un servicio, financiación de compras, y servicios postales.
En el siguiente artículo veremos los elementos más importantes relacionado a la ley de protección al consumidor en Colombia.
Información engañosa
A la hora de comprar o contratar un bien o servicio, nos servimos de las propagandas para tomar una decisión y la información brindada en ella.
La información es la herramienta principal con la que los consumidores pueden valerse a la hora de reclamar sus derechos y para resguardarse.
En este caso, se trata de la información brindada sobre los productos o servicios ofrecidos por las empresas. Según la definición de la Corte Constitucional, define propaganda comercial como “la actividad destinada a dar a conocer al público un bien o servicio con el fin de atraer adeptos, compradores, espectadores o usuarios, o crear simpatizantes, a través de cualquier medio de divulgación”.
Cuando la información dada en la propaganda comercial no coincide con la dada en los productos o servicios, estamos en presencia de información engañosa.
Protección de datos personales
Nuestros datos personales, procesados y almacenados en bases de datos deben ser utilizados con fines diferentes para los cuales los brindamos, en caso se estaría generando una vulneración en los datos personales.
Según la Superintendencia de Industria y Comercio, un dato personal “es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Por su naturaleza los datos pueden ser públicos, semiprivados, privados o sensibles.”
Como titulares de esa información, poseemos una serie de derechos sobre los datos personales que posean las bases de datos:
- Conocer: Cualquier persona tiene derecho a acceder a la información guardada.
- Actualizar: Cualquier persona tiene derecho a solicitar la actualización de la información que posee otra entidad.
- Rectificar: En caso de que los datos sean inexactos o induzcan a un error, la persona puede solicitar una corrección de estas.
- Revocar: La persona tiene derecho a pedir que la información almacenada sea eliminada de la base de datos de la organización.
Ante cualquier negación de ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, se estaría afectando negativamente la integridad de la persona y ésta puede solicitar protección amparándose en la protección al consumidor.
Inconvenientes con el pago de un servicio o el precio de un producto
Otro de los inconvenientes con el que los consumidores pueden encontrarse es con diferencias de precios.
Los precios expuestos, tanto en góndolas comerciales como en propagandas, no pueden ser diferentes a los cobrados.
Ante la incongruencia entre lo dicho y lo cobrado, los consumidores poseen herramientas para protegerse.
Primero, existe la obligación de dar información veraz y suficiente a los consumidores sobre el precio. Esta obligación se conoce como Información Pública de Precios.
Asimismo, el precio de venta al público debe exhibirse de manera clara, visible y legible.
Finalmente, el precio informado al consumidor debe poseer las siguientes cualidades:
- Señalado visualmente.
- Expresado en pesos colombianos.
- Incluir los costos extra por estudios de crédito, gastos de envío o cualquier otro motivo que genere un incremento.
En aquellos casos donde los consumidores se encuentren con diferencias en el monto del precio exhibido al público y aquel cobrado, tendrán derecho a pagar el precio de menor valor. Del mismo modo, en caso de encontrar dos precios expuestos, deberá pagar el precio más bajo.
Fallas en un producto o de baja calidad
Generalmente, ningún producto o servicio puede ser lanzado a los consumidores sin cumplir con ciertos estándares de calidad.
Como herramienta, los consumidores cuentan con algunos términos para observar mientras deciden sobre la adquisición o contratación:
- Calidad: Se refiere a que el producto cumple con las características inherentes y informadas sobre él.
- Idoneidad: El mismo debe satisfacer la necesidad o necesidades por las cuales ha sido producido o comercializado.
- Seguridad: Durante su uso, el producto no presenta daños irrazonables para la salud o integridad de los consumidores.
Si alguna o varias de estas tres condiciones no se cumplen, el consumidor puede solicitar que se corrija y repare cualquier daño causado debido a esto.
Incumplimiento de garantías
Todas las personas tienen derecho a pedir una garantía por el producto o servicio adquirido. La garantía debe cubrir los defectos que pueda tener el bien, aun cuando los mismos sean visibles o evidentes y no hayan sido previamente informados por el vendedor o la organización.
Según la ley de protección al consumidor de Colombia, la garantía debe:
- Indicar el termino, alcance, y condiciones para hacerla efectiva.
- Puede no cubrir en caso de uso indebido del producto o servicio.
- En caso de productos importados, el importados toma el rol de productor y debe responder por la calidad e idoneidad del mismo.
Problemas en la prestación del servicio
Otro momento donde nuestros derechos como consumidores pueden ser vulnerados es cuando contratamos un servicio, pero no cualquier servicio, sino aquellos que impliquen la entrega de un bien para realizar la tarea. Algunos de los ejemplos más comunes pueden ser un servicio de reparación sobre un auto o electrodomésticos, servicio de lavandería o valet parking.
Durante la prestación de alguno de estos servicios, es posible que nuestro bien se dañe o extravíe. Es por esta razón que los consumidores tienen artículos para resguardarlos.
Primero, debemos recordar que, según el art. 7 de la Ley 1480 “todo productor y/o expendedor de bienes y servicios debe responder por la calidad, idoneidad y seguridad de los productos que pone en el mercado”, siendo los servicio un bien más que están obligados a cumplir con estándares de calidad y garantías.
En este sentido, quien ofrezca un servicio que requiera la entrega de un bien para realizar la labor, estará obliga a dar un recibo al propietario con la siguiente información:
- Nombre o razón social del prestador del servicio.
- No. de identificación del establecimiento (NIT).
- Dirección y teléfono del establecimiento.
- Nombre del propietario o de quien hace la entrega.
- Dirección y teléfono del propietario o de quien hace la entrega.
- Número de recibo.
- Fecha y hora de la recepción.
- Identificación del bien.
- Indicación expresa de los defectos o averíos del bien y sus accesorios.
- Clase de servicio.
- Plazo para la prestación del servicio.
- Valor del servicio, así como las sumas que se abonan como parte del precio.
- Término de caducidad.
Además, en caso de que el bien entregado sufra algún tipo de daño, total o parcial, o se extravíe, según el art. 11, apartado 9 de la ley 1480, el prestador del servicio debe responder por el daño reparándolo, sustituirlo por otro de las mismas características o pagar su valor en dinero.
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